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LA
JIRIBILLA “Tuve que llamar diez veces a la prisión para lograr que me admitieran que lo habían aislado”, dijo. McAlister también supo que a Berrigan le habían denegado todas las llamadas y visitas, incluso de miembros de la familia. “No me dijeron por qué o por cuánto tiempo.” Entonces McAlister telefoneó a la oficina de su senadora, la demócrata por Maryland Barbara Mikulski. La oficina de Mikulski llamó a la prisión y, según McAlister, le informaron que “Phil había sido aislado el 11 de septiembre de 2001 como una consecuencia directa de los ataques al Wold Trade Center y el Pentágono, (y) que esto había sido hecho ‘para su protección’.” Pero esa explicación no sonaba verdadera. Si Phillip está aislado “para su protección”, ¿por qué la negativa punitiva de visitas de su familia? McAlister le escribió a Mikulski. El 20 de septiembre, Mikulski escribió su propia carta a Kathleen Hawk Sawyer, directora de la Oficina Federal de Prisiones. “Le agradecería me informara la situación del Sr. Berrigan y me explicara las razones.” La razón que recibió Mikulski difería notablemente de la información que su propia oficina había obtenido días antes. La carta del 1º de octubre de Michael B. Cooksey, director adjunto de la Oficina Federal de Prisiones, decía que Berrigan estaba bajo detención administrativa por razones de seguridad, y pendiente la revisión de su caso. Añadía: “El Alcaide ocasionalmente puede restringir ciertos privilegios que se les conceden a los presidiarios, tales como visitas y llamadas telefónicas, para garantizar el funcionamiento correcto de la institución y proteger al público.” La carta también informaba a Mikulski que “el caso Berrigan ha sido revisado y fue liberado a la población penitenciaria general el 21 de septiembre de 2001. Adicionalmente, han sido eliminadas sus restricciones en cuanto a visitas y teléfono”. En una carta a The Progressive fechada 25 de octubre, Berrigan describe su experiencia: “El 11 de septiembre presencié horrorizado cómo venía abajo la segunda torre del WTC. Los guardias me ordenaron que saliera, me llevaron a la oficina del teniente, me encadenaron, me esposaron y me pusieron en solitario. Pregunté varias veces por qué. Un guardia gruñó: ¡Seguridad! Durante doce días en aislamiento no vi más la luz del sol. Un teniente vino a anunciar: ¡No hay teléfono, no hay visitas! Y sin sellos. Estuve preso diez días antes de enviar las cartas por correo. ¿El resultado? Incomunicado en el limbo.” En nombre de la seguridad nacional Fue “quizás idea de Ashcroft: Encierren a todos los negativos”, dice. La sospecha de Berrigan sobre el Fiscal General puede haber sido correcta. El 31 de octubre, el Departamento de Justicia publicó nuevas reglamentaciones, “en vigor a partir de su publicación”, que “imponen medidas administrativas especiales con relación a prisioneros seleccionados”. El documento, titulado “Seguridad Nacional: Prevención de Actos de Violencia y Terrorismo”, fue firmado por el Fiscal General el 26 de octubre y publicado en el Registro Federal. A tenor de las nuevas regulaciones, el Departamento de Justicia, basado en información del jefe de una agencia federal de aplicación de la ley o de inteligencia, “seleccionará ciertos prisioneros para medidas administrativas especiales”. Estas “pueden incluir ubicar el prisionero en detención administrativa” (otro término para aislamiento) y negarle a ese prisionero “correspondencia, visitas, entrevistas con representantes de los medios noticiosos y uso del teléfono, de la forma en que es razonablemente necesario para prevenir la revelación de información clasificada”. Con anterioridad a estas regulaciones, el espacio de tiempo que un prisionero podía ser mantenido bajo tales condiciones estaba limitado a 120 días, aunque el Departamento de Justicia tenía la potestad de renovar la estancia en aislamiento. Las nuevas regulaciones autorizan a la Oficina de Prisiones a mantener a un preso incomunicado por un “período de tiempo designado por el Director (de la Oficina de Prisiones), hasta de un año”. Además, “la regulación también permite al Director extender el período para las medidas administrativas especiales por períodos adicionales de un año, basado en subsiguientes certificaciones del jefe de una agencia de inteligencia”. ¿Cuál es la base lógica del Fiscal General para estas acciones? “Donde el jefe de una agencia de inteligencia ha certificado al Fiscal General que existe peligro de que el preso revele información clasificada, representando una amenaza a la seguridad nacional, no hay razón lógica para suponer que la amenaza a la seguridad nacional desaparecerá después de 120 días”, explica el documento. En una estipulación que el abogado Scott Fleming, de la Unión Nacional de Abogados, califica de “atemorizantes y totalmente nuevas”, las nuevas regulaciones ordenan a la Oficina de Prisiones escuchar las conversaciones que tales prisioneros sostienen con sus abogados. “En mi caso, donde el Fiscal General lo ordena así específicamente, basado en información del jefe de una agencia federal de aplicación de la ley o de inteligencia, de que existe sospecha razonable para creer que un prisionero particular pueda usar las comunicaciones con los abogados o sus agentes para promover o facilitar actos de terrorismo, el Director de la Oficina de Prisiones... proporcionará procedimientos adecuados para el monitoreo o chequeo de comunicaciones entre ese prisionero y abogados o agentes de abogados que están tradicionalmente amparados por el privilegio abogado–cliente”, señalan las regulaciones. No solo es una amenaza el prisionero, “sino el abogado también”, dice Fleming, quien ha trabajado en los casos de varios prisioneros con antecedentes políticos. Las regulaciones, dice él, caracterizan al abogado como “diseminando información para un prisionero que ha sido considerado una amenaza a la seguridad nacional”. Hasta ahora, las prisiones federales han tenido una línea telefónica separada, sin escucha, para los abogados. El privilegio abogado–cliente “por lo general es considerado sagrado”, dice Donna Wilmott, coordinadora de Litigios para los Servicios Legales a Prisioneros con Hijos, cuya oficina está en San Francisco. Los teléfonos no son escuchados; la correspondencia no es leída. “Es un derecho básico, porque si usted está tratando de desarrollar una estrategia de defensa, usted puede necesitar tener conversaciones confidenciales con sus abogados.” Pero ahora, dice Wilmott, “ellos están diciendo básicamente que hay toda una categoría de gente a quien no tienen que conceder el privilegio de abogado–cliente”. Por lo general, tales cambios en la política gubernamental implican un amplio comentario público. En este caso no. El Departamento de Justicia explica esta maniobra inusual: “La implementación inmediata de esta regulación interna sin comentario público es necesaria para garantizar que el Departamento (de Justicia) sea capaz de responder a actuales preocupaciones de la Inteligencia y de aplicación de la ley relativas a amenazas a la seguridad nacional, riesgos de terrorismo, o crímenes violentos que puedan surgir por la habilidad de determinados prisioneros para comunicarse con otras personas.” Amnistía Internacional está preocupada por los nuevos acontecimientos. “El acceso rápido y regular al abogado por parte de los detenidos es un derecho humano fundamental bajo normas internacionales, incluso durante situaciones de emergencia”, dice Curt Goering, director ejecutivo adjunto principal de Amnistía Internacional de EE.UU. “Estas normas proporcionan los derechos a ser visitado, a consultar y comunicarse sin demora y en total confidencialidad con su consejero legal.” Estas regulaciones pueden servir como una justificación pos facto para acciones en prisión que ocurrieron después del 11 de septiembre. En las horas que siguieron a los ataques terroristas al WTC y al Pentágono, prisioneros izquierdistas como Berrigan fueron separados de la población penitenciaria general y llevados Unidades de Alojamiento Seguro. A algunos se les negó acceso a un abogado. “Todas estas personas que fueron o son militares políticos de izquierda, pero difícilmente fundamentalistas islámicos”, dice el abogado Robert Boyle, residente en la ciudad de Nueva York. “No tienen absolutamente ninguna relación con esto.” “Inmediatamente después de los sucesos del 11 de septiembre, un grupo de personas fueron señaladas en diferentes instituciones de todo el país”, según Diana Block, coordinadora y fundadora del Movimiento Jericó, que representa a prisioneros con antecedentes políticos. El Movimiento emitió una carta abierta en respuesta a las detenciones, llamándoles “otro paso hacia la disidencia criminalizante en Estados Unidos”. “La decisión vino de la oficina de Ashcroft” Desde 1973, Sundiata Acoli ha estado cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por los asesinatos de un oficial de policía y un compañero miembro del Ejército Negro de Liberación, en un tiroteo en el cual Acoli conducía el auto de la huida. Poco tiempo del ataque del 11 de septiembre estaba en el hueco. Soffiah Elijah, instructora clínica en el Instituto de Justicia Criminal de la Universidad de Leyes de Harvard, está entre los abogados que representan a Acoli. “Ninguno de nosotros ha tenido acceso a él”, dice. Hablaron el 25 de octubre. La víspera, dijo ella, fue su primera oportunidad de hablar con Acoli en casi seis semanas, luego de innumerables llamadas telefónicas. “Estaba constantemente al teléfono de los abogados de la Oficina de Prisioneros –dijo. Elijah me dio copia de una carta con membrete del Departamento de Justicia / Oficina de Prisiones, fechada el 26 de septiembre y firmada por Jake Méndez, alcaide de la Penitenciaría de EE.UU. en Allenwood, Pennsylvania, donde está encarcelado Sundiata Acoli (cuyo nombre anterior usado en todos los documentos es Clark Squire).” “Estimada Srta. Elijah –dice la carta–, acuso recibo de su carta en la que usted solicita que al prisionero Clark Squire se le permita una llamada telefónica legal... El prisionero Squire no está autorizado actualmente a tener privilegios telefónicos, incluyendo llamadas telefónicas legales. Esto se ha decretado por razones de seguridad. Es más, mi chequeo indica que el prisionero Squire no tiene acción legal pendiente en estos momentos. Por lo tanto, estoy denegando su solicitud de permitirle al prisionero Squire una llamada telefónica legal.” Elijah dice que la orden para el aislamiento de Acoli no vino de la prisión individual sino de Washington. “A él se le dijo por el Alcaide, un par de semanas después de estar en el hueco, que había una orden del Departamento de Justicia y el FBI de mantenerlo allí”, dice ella. “Un abogado de la Oficina de Prisioneros le contó a otro abogado que ha estado trabajando con nosotros, que la decisión vino de la oficina de Ashcroft. A mí me dijeron que vino de más arriba que la Oficina de Prisiones. Al menos dos abogados diferentes de esa oficina me lo dijeron.” Cuando esta historia iba a ser publicada el 2 de noviembre, Acoli todavía permanecía en aislamiento. También contra los puertorriqueños Jan Susler es abogada de los independentistas puertorriqueños. Dos de sus clientes fueron mantenidos en aislamiento, Antonio Comacho Negron, preso en la Institución Federal Correccional de Allenwood, Pennsylvania, retenido en una Unidad de Ubicación Segura desde el 11 de septiembre hasta el 2 de octubre. Comacho Negron fue sentenciado en 1989 a quince años y cien mil dólares por conspiración para robar un banco. Luego fue arrestado nuevamente y devuelto a la prisión en 1998 por violar la libertad condicional al retornar al Movimiento Independentista de Puerto Rico. Comacho Negron no se pudo comunicar con nadie fuera de la prisión durante su aislamiento. “Él no recibió ni envió ningún correo, ni llamada telefónica” –dice Susler. “Pidió recibir una llamada legal y se le dijo que no podía tenerla. Estaba bajo tratamiento médico que se negaban a darle. Tiene una úlcera estomacal. Dice que ha perdido quince libras.” Susler escribió a la Oficina de Prisiones sobre Comacho Negron el 2 de octubre. El 30 aún no había recibido respuesta. Otro de los clientes de Susler, Carlos Torres, el líder nacional del grupo puertorriqueño nacionalista FALN (Frente Armado de Liberación Nacional), fue condenado por conspiración sediciosa por un intento de robo de un vehículo blindado en Evanston, Illinois, en 1980. Actualmente está encarcelado en la Institución Federal Correccional de Oxford, Wisconsin. Comparativamente, sus restricciones en la Unidad de Ubicación Segura han sido relativamente sencillas; auque aislado, se le permitían visitas regulares de la familia, correspondencia y recibió sus medicamentos.” “Los empleados de la prisión en Oxford –dice Susler– me dijeron que estaban totalmente asombrados por su ubicación en detención administrativa, que ellos no tenían nada que ver con eso, y que estaban esperando órdenes de Washington.” Susler le escribió a la Oficina Federal de Prisiones y recibió una carta fechada 1° de octubre: “Esta ubicación fue por razones de seguridad, pendiente una revisión de su caso, y no debe ser considerada ‘hostigamiento’ o ‘castigo’. En este caso, el Alcaide ha determinado que el Sr. Torres debe continuar en detención administrativa en estos momentos.” “Después del 11 de septiembre, no podemos especificar cuáles son las acciones que tomamos para garantizar la protección y seguridad de nuestras instituciones”, dijo Traci Billingsly, una vocera de la Oficina Federal de Prisiones. “Todas las instituciones realizaron acciones apropiadas. ¿Y qué hay con negarles a los prisioneros acceso a sus abogados?” Billingsly afirma que tales cosas no pasan. “A todos los prisioneros se les concede acceso a sus abogados mientras están en las Unidades de Ubicación Segura”, dijo. El Departamento de Justicia tampoco dice mucho. Un vocero me remitió de nuevo a la Oficina Federal de Prisiones, asegurándome que Linda Smith, una vocera allí, respondería todas mis preguntas. “¿Ellos eran terroristas?”, preguntó Smith. Su respuesta fue que las instituciones individuales puedan aislar a prisioneros por distintas razones, incluyendo mal comportamiento, investigación pendiente y antes de trasferirlos a otra institución. En cuanto a la negativa de acceso a los abogados, “según mi buen entender, eso es incierto”, dijo. Las nuevas regulaciones, además de las detenciones, nos traen malos presagios para nuestra democracia. “Es realmente un momento en que la gente tiene que levantarse y tener a raya al gobierno”, dice Susler. Algunos están preocupados porque los aislamientos en las prisiones federales pueden ser un signo del futuro. Lo que les hacen a los prisioneros pueden hacerlo con el público en general. Creo que tiene repercusiones para todo el que alza una voz disidente. McAlister puso el caso de Berrigan en un contexto mayor. “Tiene toda la característica de la represalia y la venganza –un castigo por pensar distinto y cuestionar el matrimonio de nuestra nación con las armas de destrucción masiva”, le escribió a Mikulski. “Si alguna de las actitudes que presiento y temo están presentes, es el fin absoluto de todo lo que podemos decir que valoramos como nación.”
Tomado de Tricontinental, año 36 /
2002. Edición en español y en inglés. |
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© La Jiribilla. La Habana. 2002 |