En Francia, la gran prensa, sea de derecha o de izquierda, o incluso comunista como es el caso del periódico L’Humanité, es propiedad de los grandes grupos económicos y financieros. Dos multinacionales —los grupos Dassault y Lagardère —cuya principal actividad es la venta internacional de armas y cuyo comercio es la guerra, controlan el mundo de la prensa y de la edición. El grupo Dassault posee más de 70 periódicos y el grupo Largardère, cerca de 50.

¿Por qué el gran capital económico y financiero invierte en el sector de la prensa escrita que es estructuralmente deficitario? Es económicamente absurdo pero ideológicamente primordial. El objetivo de esos inversionistas ya no es generar ganancias, sino reducir el marco convencional del debate permitido, el cual solo acepta los pensamientos convencionales.

Las elites mundiales, gracias al control que ejercen sobre las transnacionales de la información, imponen a la humanidad una visión de la realidad regida por un marco ideológico. Las barreras doctrinales se destinan a descartar todo pensamiento alternativo que pusiera en tela de juicio el orden global actual. Así, el papel de los medios ya no es brindar una información objetiva a los ciudadanos sino defender el orden establecido, mediante la desinformación y la censura.

Tomemos el ejemplo de las sanciones económicas contra Cuba para ilustrar esta realidad:

Como lo subraya el profesor Paul Estrade, la prensa menciona, a veces, la existencia de un “embargo” en sus comentarios sobre las dificultades que sufre el pueblo cubano. Siempre del mismo modo: lo más brevemente posible. No puede negar su existencia, pero, en sus análisis, actúa como si no existiese. Así, no es necesario para ella recordar los orígenes, sus motivaciones cambiantes, su carácter ilegal, sus modalidades perversas, su duración insoportable, sus efectos deplorables.

Desde 1960, EE.UU. impone sanciones económicas unilaterales a Cuba, las cuales afectan todos los sectores de la sociedad así como a todas las categorías de la población. Son totales desde el 3 de febrero de 1962 tras la decisión del presidente John F. Kennedy de aislar completamente la Isla. Esta red de sanciones no tiene equivalente por su duración, su densidad y sofisticación. Es a la vez retroactivo —se aplica para hechos que ocurrieron antes de la aprobación de la legislación— y extraterritorial —se extiende a otras naciones y entra entonces en conflicto con las normas del derecho internacional. Fueron establecidas en plena Guerra Fría con el objetivo de derrocar al gobierno revolucionario liderado por Fidel Castro, las sanciones siguen vigentes más de medio siglo después.

El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y la llegada al poder de Fidel Castro suscitaron la inmediata hostilidad por parte de EE.UU., cuyo fiel aliado, el dictador Fulgencio Batista, acababa de ser derrocado. La administración Eisenhower había hecho todo lo posible para mantener al autor del golpe de Estado del 10 de marzo a la cabeza de la nación e impedir la toma del poder revolucionaria. El 23 de diciembre de 1958, a pocos días de la huida del general Batista, el Consejo de Seguridad Nacional, que constató el ineludible progreso de la ofensiva de los insurrectos de la Sierra Maestra sobre La Habana, había proyectado, mediante la voz del presidente Dwight D. Eisenhower, “una acción militar que pudiera ser necesaria en Cuba”. Allen Dulles, director de la CIA, precisó el objetivo: “Tenemos que impedir la victoria de Castro”. Pero era demasiado tarde.

Las primeras medidas económicas y sociales del gobierno revolucionario no fueron del agrado de Washington. En efecto, el dominio de las multinacionales estadounidenses sobre todos los sectores de la economía cubana era tal que resultaba imposible emprender toda política de reforma sin afectar sus intereses. No obstante, como lo recordaría Ernesto Che Guevara, salvo la reforma agraria, todas las medidas económicas y sociales de envergadura que tomó el gobierno revolucionario sólo constituían respuestas a la agresión estadounidense.

La reforma agraria del 17 de mayo de 1959 se basaba en los fundamentos jurídicos de la Constitución de 1940. En efecto, el Artículo 24 autorizaba la expropiación por razones de utilidad pública, con una indemnización, y el Artículo 90 prohibía los latifundios y limitaba sustancialmente la concentración de tierras.

EE.UU. no era el único país afectado por las nacionalizaciones. La mayor parte de las naciones europeas también tenían intereses en Cuba. Esas se realizaron en conformidad con el derecho internacional que estipula que todo estado soberano dispone del derecho de nacionalizar las empresas presentes en su territorio nacional a cambio de una indemnización. Los importes de las compensaciones se fijaron a partir de las últimas declaraciones fiscales de las empresas, las cuales, eran por razones obvias, a menudo inferiores al valor real de los bienes.

Todas las naciones afectadas por el proceso de expropiación negociaron con el gobierno cubano y aceptaron los acuerdos globales de compensación, con la excepción de EE.UU.

El 17 de marzo de 1960, un mes antes de la reanudación de las relaciones entre La Habana y Moscú, la administración Eisenhower tomó la decisión formal de derrocar al gobierno cubano. La nueva política exterior estadounidense se basaría en varios pilares: la cancelación de la cuota azucarera cubana, la ruptura de los suministros de combustibles tales como el petróleo, el mantenimiento del embargo sobre las armas impuesto en marzo de 1958, y la elaboración de una campaña de terrorismo y sabotaje así como la organización de una fuerza paramilitar destinada a invadir la Isla y derrocar a Fidel Castro.

El 5 de julio de 1960, Washington impuso las primeras medidas coercitivas, y Eisenhower canceló la cuota de exportaciones de azúcar cubano.

En 1961, Washington rompió sus relaciones con La Habana. En 1962 el presidente Kennedy decretó un embargo total sobre Cuba, incluyendo las medicinas y los productos alimenticios, en violación con el derecho internacional.

Durante 30 años, la retórica diplomática estadounidense estigmatizó la alianza entre La Habana y Moscú para justificar el estado de sitio económico contra la Isla del Caribe. En 1992, tras la desintegración de la Unión Soviética, en vez de normalizar las relaciones con el gobierno de Fidel Castro, la administración de George H. W. Bush ratificó la Ley Torricelli que agrava las sanciones contra Cuba, y demostró así que era imposible explicar el conflicto entre ambas naciones mediante el marco de la Guerra Fría.

Así, por ejemplo, a todo barco que entra en un puerto cubano se le prohíbe entrar a estados durante los 180 días que siguen la fecha del desembarco, otorgando así, otra vez, un carácter extraterritorial y, por consiguiente, contrario al derecho internacional, a las sanciones contra Cuba.

La Ley Torricelli prevé también sanciones para los países que aportan una asistencia a Cuba. Así, España concede una ayuda de cien millones de dólares a Cuba, EE.UU. disminuye su propia ayuda a la altura de la misma suma.

En 1996, se aprobó la Ley Helms-Burton, una aberración jurídica por su carácter extraterritorial y retroactivo. Así, el Título III, y más precisamente el artículo 302, permite que los tribunales estadounidenses persigan las empresas extranjeras que se instalarían en las propiedades nacionalizadas que pertenecían a personas que, en el momento de la estatización, disponían de la nacionalidad cubana. En efecto, solo adquirieron la ciudadanía estadounidense después del proceso de expropiación y su exilio a EE.UU. No obstante, el derecho estadounidense está claro al respecto: las demandas judiciales solo son posibles si la persona afectada por un proceso de nacionalizaciones es ciudadano estadounidense durante la expropiación y que esta se haya desarrollado en violación del derecho internacional. Ahora bien, ninguna de estas dos condiciones se cumplió.

En 2004, la administración Bush aprobó el primer informe de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre. Así, entre 2004 y 2009, los cubanos que vivían en EE.UU. no tenían derecho a visitar a sus familiares más de 14 días cada tres años.   Cuestionado sobre el carácter cruel de estas medidas que dividen a las familias, Daniel W. Fisk, subsecretario de estado para los Asuntos Interamericanos, dijo a guisa de respuesta: “Cada individuo puede decidir del momento en que quiere viajar una vez cada tres años y le toca a él tomar la decisión. Entonces, si tiene un miembro de su familia que se está muriendo, le toca a él elegir el buen momento para viajar”.

En 2006, la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre publicó un segundo plan, complementario del de 2004. El nuevo plan prevé aplicar los títulos III y IV de la ley Helms-Burton a algunos países. Washington incluso ha designado su blanco prioritario: Venezuela y su presidente Hugo Chávez, primer socio comercial de Cuba, mencionado 15 veces en el informe

Una cifra para ilustrar la obsesión de EE.UU. contra Cuba: Tras las solicitudes de Max Baucus, senador del Montana, el Departamento del Tesoro admitió haber realizado, desde 1990, solo 93 investigaciones relacionadas con el terrorismo internacional. En el mismo tiempo, efectuó otras diez mil 683 “para impedir que los norteamericanos ejerzan su derecho de viajar a Cuba”. Luego de las 93 investigaciones sobre el terrorismo, el Departamento del Tesoro infligió un total de nueve mil 425 dólares de multa a los inculpados. En cambio, demandó un total de ocho millones de dólares a los turistas estadounidenses que habían visitado la Isla.

Desde el 30 de septiembre de 2004 y la aplicación estricta de las Reglas de Control de los Bienes Cubanos de la OFAC, un fabricante de automóviles japonés que quisiera comercializar sus productos en el mercado estadounidense debe demostrar al Departamento del Tesoro que sus carros no contienen un gramo de níquel cubano. Del mismo modo, un chef francés que deseara investir el primer mercado económico mundial debe demostrar a esa misma entidad que su producción no contiene un gramo de azúcar cubano.¹

A veces, la aplicación de esas sanciones toma un giro menos racional. Así, todo turista estadounidense que consumiera un tabaco cubano o un vaso de ron Havana Club, durante un viaje al extranjero arriesga también una multa de un millón de dólares y diez años de prisión. Otro ejemplo: un cubano que reside en Francia no puede en teoría comerse una hamburguesa en Mc Donald’s.

La retórica diplomática para justificar la hostilidad de EE.UU. hacia Cuba cambió según las épocas. En un primer tiempo, las nacionalizaciones y sus indemnizaciones constituyeron la manzana de la discordia. Luego, fue la alianza con la Unión Soviética la que se volvió en el principal obstáculo para la normalización de las relaciones entre ambos países. Después, en los años 1970 y 1980, fue la intervención cubana en África, en Angola y en Namibia más precisamente, para ayudar a los movimientos de liberación nacional a conseguir su independencia y para luchar contra el apartheid en África del Sur, la que suscitó la ira de Washington. Finalmente, desde el desmoronamiento de la Unión Soviética, Washington esgrime el argumento de los derechos humanos y de la democracia para mantener el estrangulamiento económico en la nación cubana.

En realidad, para entender el verdadero objetivo de Washington en sus relaciones con Cuba, resulta necesario remontarse al siglo XIX y prestar atención a las advertencias de José Martí, quien había denunciado “el Norte revuelto y brutal que nos desprecia” que anhelaba anexar la Isla del Caribe.

El estado de sitio económico del cual es víctima el pueblo cubano recuerda que EE.UU. —que aplica así medidas de guerra en tiempos de paz contra una nación que jamás ha representado una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. —no ha renunciado a su vieja aspiración neocolonial de integrar a Cuba en el seno de su Unión. Washington se niega a admitir la realidad de una nación latinoamericana definitivamente emancipada de su tutela y no acepta el hecho de que la soberanía nacional en Cuba constituye el patrimonio único y exclusivo del pueblo cubano. Las sanciones económicas demuestran también que la lucha por la autodeterminación, iniciada en 1868 por Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria, es una batalla cotidiana no acabada. Martí, a la vez visionario y hombre de su tiempo, lo había dicho: “La libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su precio”.


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