Interferir en los destinos del pueblo cubano es un arraigado hábito del gobierno de los EE.UU. La publicación de la “Solicitud de propuestas para la Participación en actividades cívicas en Cuba” por el Departamento de Estado norteamericano es, al mismo tiempo, un documento que pudiera constituirse en antología sobre la ignorancia acerca de la mayor de las Antillas y una prueba fehaciente de sus ansias de intromisión en el destino de un país soberano. 

La existencia de esta solicitud de propuesta se conocía desde finales de junio de 2011 y equivale, según un artículo de El Nuevo Herald, “a una decisión del Departamento de Estado para seguir adelante con los preparativos para los programas sobre Cuba, y para no tener que esperar hasta que (el senador demócrata John) Kerry levantara su ‘detención’”, o sea, la retención de los $20 millones destinados por el gobierno de los EE.UU., según sus términos “para programas que promueven la democracia en Cuba”, que son en realidad dinero para financiar la subversión en la Isla. Cínicamente, los EE.UU. pregonan no solo sus intenciones de financiar la contrarrevolución, sino que publican las cifras destinadas para ello.

Como si darle dinero a la subversión fuese algo novedoso y no un método habitual que vienen practicando desde hace más de cinco décadas, la solicitud de propuestas fija ítems a los cuales podrán destinarse las iniciativas de organizaciones radicadas en territorio norteamericano o no, y las invita a que “esbocen conceptos de implementación innovadores (incluyendo, entre otros, la distribución de pequeñas donaciones de dinero en efectivo”. De "pequeñas donaciones" está plagado el camino del imperio.

El texto de la convocatoria se refiere a que “en la medida de lo posible, los viajes de los ciudadanos estadounidenses deberán estar limitados. Se prefiere que este personal hable el idioma español de manera fluida, posea un entendimiento sólido del contexto cultural y tenga experiencia anterior sobre la Isla, con vistas a aumentar al máximo la eficiencia en este entorno operativo único”. Leído entre líneas con atención, este par de oraciones es una confesión sottovoce, de que para trabajar por una supuesta mejoría de la democracia en Cuba, los EE.UU. han estado enviando personas que no conocen el país ni su historia ni su gente, de lo cual se deduce que no vienen a compartir estrategias de desarrollo, sino a imponer sus planes de dominación de nuevo tipo.

Usando el término acuñado por el periodista español Pascual Serrano, diríamos que entre "las perlas" del texto está la afirmación de que se destinarán $200 000 al fortalecimiento de la inclusión de las personas con discapacidades. El plan es tan absurdo en cuanto que el propio documento refiere que tales derechos están “expresados en la legislación cubana y en las convenciones internacionales de las cuales Cuba es parte, tales como la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidades”.

Entre los elementos que "aporta" el documento está el “incluir el trabajo con las asociaciones locales para promover y ejecutar sus actividades en zonas distantes y participar en eventos patrocinados, tales como las Olimpiadas Especiales”. Solo quien no conoce la sociedad cubana puede afirmar que los discapacitados cubanos necesitan de las migajas del Departamento de Estado norteamericano para participar en competencias deportivas internacionales. En febrero de este año, el periódico Juventud Rebelde daba cuenta del regreso a la Isla del “‘supertrío’ de atletas cubanos que participó en el Campeonato Mundial para ciegos, débiles visuales y limitados físico-motores con sede en Christchurch, Nueva Zelanda” y refería que “Yunidis Castillo, categoría T-46 (amputación de miembro superior), Omara Durand, T-13 (débil visual), y Leonardo Díaz, F54-55-56 (parapléjico), acumularon seis metales áureos”. Para quien desee consultarla, en Internet se encuentra disponible una investigación de los profesores de la Facultad de Cultura Física, Javier Pérez Pérez, José Antonio Pino Roque y Joel Rodríguez Castro sobre “El deporte para discapacitados: una panorámica internacional, en Cuba y en provincia de la Habana” que da cuenta de los avances sostenidos que en este campo ha tenido el país. Por poner apenas un ejemplo, en los XI Juegos Paralímpicos Sydney 2000, Cuba, con solo diez atletas, alcanzó ocho preseas en total, cuatro de oro, dos de plata y dos de bronce.

También ignara e insultante resulta la pretensión de que este dinero se revierta en estrategias que “contribuyan a garantizar que las personas discapacitadas tengan acceso equitativo a la vivienda, educación, servicios de atención médica, empleo y otros”. Un reporte de la Agencia de Información Nacional, (AIN) daba cuenta en 2002 que “Estadísticas de la UNESCO registran que en el mundo hay casi 600 millones de discapacitados, de ellos 16 millones de América Latina y Caribe. Solo el 3% de estos últimos recibe algún tipo de ayuda estatal”. Sin embargo, señalaba en comparación que “Cuba es uno de los pocos territorios de América Latina que, pese a su crisis económica, incrementó en casi 50 la cifra de escuelas especiales y amplió las capacidades para elevar la escolarización de los niños con diversos tipos de dificultades. En el 2001 se cumplió el aniversario 40 de la creación de la educación especial en la Isla”.

Antes de emitir documentos como la solicitud en cuestión, el Departamento de Estado norteamericano debería conocer mejor las estadísticas referidas a Cuba, pero su obcecación les lleva a creerse la realidad inventada por ellos mismos con su conveniente maquinaria de desinformación. El despacho de la AIN, que probablemente hayan omitido o silenciado, informaba que “El primero de enero de 1959 en la mayor de las Antillas existían ocho escuelas especiales con una matrícula de 134 niños, atendidos por 20 personas. Hoy suman cuatro mil 249 centros de esa índole, incluidos 21 hogares para niños sin amparo filial.

“Actualmente, el personal especializado que labora en esas instituciones alcanza la cifra de 14 mil 400 docentes, entre ellos logopedas y auxiliares pedagógicos, encargados de 55 mil alumnos con deficiencias sensoriales, intelectuales, físico-motores y trastornos de conducta.”

La noticia añadía que “Cuba cuenta, además, con más de 260 maestros ambulantes, vinculados a 509 niños cuadriplégicos, a quienes llega en sus hogares u hospitales la educación correspondiente”. Seguramente, el Departamento de Estado nunca se enteró de esta Cuba en tiempo real, pues los blogs y post que financian, no hablan de esta realidad.

En julio de 2008 en el portal del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de La Habana (CEPES), se leía que entre 2003 y 2008 la Isla había graduado en Cuba “unos diez mil discapacitados en cursos regulares impartidos en los Joven Club de Computación y Electrónica” y citaba a Ernesto Rodríguez, subdirector nacional de los Joven Clubes, quien en declaraciones a la agencia Prensa Latina, calificaba de “prioritaria la incorporación de personas con alguna discapacidad a las más de 600 instalaciones de este tipo diseminadas por la nación”.

Entre los diversos agujeros negros de la Solicitud de propuestas para malgastar el dinero del contribuyente norteamericano, están los $600 000 destinados al apoyo profesional a los periodistas. Este apartado afirma que las actividades ilustrativas del proyecto pueden incluir, entre otras, el “Fortalecimiento de la capacidad organizativa de los periodistas y los sindicatos de periodistas independientes de modo que les permita mejorar la calidad de la cobertura de los medios de comunicación. El enunciado se presta a confusión porque no queda claro a qué medios de comunicación se refieren, si a los radicados en territorio cubano que responden a los intereses del gobierno y las organizaciones nacionales, lo que sería de un desinterés y una bondad sin límites, o a los medios como Radio y TV Martí que se precian de tener “los más serios y profesionales corresponsales en la Isla”.

Tras la "bien pensada" ayuda a los profesionales de la información está la de “aumentar la conciencia, entre los periodistas, de sus obligaciones profesionales y éticas” y de nuevo la confusión retorna, porque ¿se referirá el Departamento de Estado norteamericano al Código de Ética y los Estatutos aprobados por la Unión Nacional de Periodistas de Cuba o a un nuevo Código de "reporteros sin bandera", que probable —y afortunadamente—  desconozcamos?

El dislate llega a un punto álgido con la inclusión social en Cuba, a la cual se le reservan $ 1 000 000. “La DRL busca propuestas que sustenten enfoques eficaces que habiliten a los ciudadanos cubanos para defender alternativas políticas públicas que mejoren los niveles de vida y les permitan exigir derechos, incluido el acceso a la vivienda, la alimentación, la educación y la atención médica”. Reconoce el documento que estos derechos están contenidos en la Constitución Cubana, pero miente de manera malintencionada cuando afirma que solo pueden estar contenidos en algunas instancias pero no implementados. La Constitución de la República de Cuba refiere que “como Poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza:

•        que no haya hombre o mujer, en condiciones de trabajar, que no tenga oportunidad de obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus propias necesidades;

•        que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia;

•        que no haya enfermo que no tenga atención médica;

•        que no haya niño que no tenga escuela, alimentación y vestido;

•        que no haya joven que no tenga oportunidad de estudiar;

•        que no haya persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte;

1.    trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable.

A fin de cuentas, ese millón de dólares no se va a destinar a contribuir a la fabricación ni reparación de viviendas afectadas por los sucesivos huracanes que han afectado a nuestro país, ni a comprar los medicamentos que se necesiten en los hospitales y que se encarecen por el bloqueo impuesto por el propio gobierno norteamericano, sino a que los ciudadanos cubanos conozcan algo que ya sabían, que el estado cubano los protege, de hecho y de palabra, desde el cuerpo legal mismo de su Constitución.

Miente nuevamente esta Solicitud de propuestas para la Participación en actividades cívicas en Cuba cuando en el acápite del fortalecimiento de las asociaciones jurídicas independientes en Cuba, con una disponibilidad de $700 000 afirma que el adiestramiento a estudiantes de Derecho podrá “centrar la atención en los temas que no se enseñan de manera tradicional en Cuba, como son el derecho internacional público”. La revisión del plan de estudios de esta carrera en la Universidad de La Habana da cuenta que en el Plan temático B, vigente hasta 1994 se imparte Derecho Internacional Público I, con una carga docente de 48 horas; Derecho Internacional Público II, con igual número de clases; Derecho Comercial Internacional, con 60 horas y Derecho Internacional Privado, con 80 horas. Habría que ver a qué Derecho Internacional se refiere el Departamento de Estado, y si esos abogados estarían luego en condiciones de representar a los presos en las cárceles norteamericanas de Guantánamo que llevan varios años recluidos sufriendo torturas, sin causas probables.

La Documentación sobre Derechos Humanos, con una disponibilidad de financiación de $427 024, es otra joyita que reconoce que “actualmente, la mayoría de los monitores e investigadores de derechos humanos carecen de adiestramiento en las habilidades básicas, tales como la recopilación de datos, seguridad de la información, información a las audiencias pertinentes y colaboración eficaz”. Dicho en un español más elocuente: que quienes preparan los informes de las supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba, ni saben elaborarlos ni colocan en ellos datos confiables y luego le llevan esos informes a los susodichos abogados preparados ya sabemos en cuáles academias para que presenten demandas contra la Isla.

Leído en su conjunto y con una dosis de ingenuidad, la Solicitud de propuestas para la Participación en actividades cívicas en Cuba parecería el plan de alguna organización misionera que intenta paliar el subdesarrollo en cualquier región intrincada del África o expandir la buena voluntad entre los hombres. Para la promoción de la solución pacífica de los conflictos los EE.UU. prevén disponer de $300 000. El país que con sus guerras imperialistas provoca los mayores conflictos del planeta, pretende inmiscuirse hasta en ¡los resentimientos de los centros de trabajo!

Entre las objeciones que presenta el Departamento de Estado a la presentación de propuestas para la Participación en actividades cívicas en Cuba se encuentra una muy interesante: “La DRL no considerará propuestas que reflejen algún tipo de apoyo de ningún miembro, afiliado o representante de una organización terrorista designada, ya sean o no miembros elegidos del gobierno”. De la afirmación se desprende varias lecturas: una, que los EE.UU. reconocen la existencia de organizaciones terroristas dentro de su territorio interesadas en el tema Cuba, y que en el pasado, estas organizaciones presentaron o manejaron propuestas para participar en actividades “cívicas” y “democráticas” en la Isla.