Presionan a Kerry por fondos para Cuba

Juan O. Tamayo
El Nuevo Herald

WASHINGTON -- El esfuerzo de la administración del presidente Barack Obama por asignar otros $20 millones a programas que promuevan la democracia en Cuba se ha visto bloqueado durante dos meses en medio de fuertes choques personales y políticos.

Acusaciones como “traidor” y “títere de los comunistas” han sido lanzadas de un lado a otro, abundan las referencias a los espías cubanos y el tema está lleno de información filtrada de ambas partes sobre supuestas acciones impropias.

El senador John Kerry, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, está ofreciéndose a levantar la “suspensión” que impuso a los fondos el 1 de abril si se disminuye la cantidad a $15 millones, de acuerdo con una nota enviada el viernes por el personal de su comisión al Departamento de Estado. El Nuevo Herald obtuvo una copia.

El vocero de la comisión, Fred Jones, no quiso hacer comentarios sobre la nota, pero dijo: “Estamos siguiendo las discusiones con la administración en un esfuerzo por asegurar que estos programas sean efectivos y cumplan con objetivos reales”.

Los partidarios del programa no quisieron decir si la oferta resolvería la disputa, en la que han participado Kerry, el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, los miembros del personal de ambos y la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID).

“Ha sido fuerte: el presidente demócrata de una comisión contra una administración demócrata y otro senador demócrata”, dijo un asistente del Senado quien pidió conservar el anonimato.

La disputa se centra en las opiniones drásticamente distintas sobre los programas hacia Cuba, que han costado $150 millones desde que fueran creados en la década de 1990 para ayudar a grupos no gubernamentales en la isla.

La Habana los denuncia como esfuerzos mal disfrazados de “cambiar el régimen”, y recientemente mostró varios lotes de equipos de comunicación confiscados que fueron pagados con fondos de EEUU, entre ellos discos de satélite disfrazados de tablas de surf.

Kerry, en una nota al Departamento de Estado hecha poco después de que bloqueara los fondos, formuló 13 incisivas preguntas que esencialmente alegan que los programas no hacen otra cosa que provocar a La Habana, lo que ha hecho que recibir fondos de Estados Unidos sea ilegal.

La nota alega que los fondos de EEUU se usaron para “movilizar protestas” en Cuba, y que los grupos disidentes están tan profundamente penetrados por espías de La Habana que la ayuda estadounidense está de hecho ayudando a financiar los servicios de inteligencia de la isla.

Asimismo, condena el uso de comunicaciones en clave, códigos secretos y alias en algunos de los programas, y añade que algunos de los beneficiarios cubanos ni siquiera sabían que la ayuda que estaban recibiendo provenía de Washington.

Kerry ha pedido también a investigadores federales que indaguen las alegaciones de fraude en los programas, añade la nota. Los críticos de estos programas se han quejado en privado del mal uso generalizado de los fondos en los últimos años.

La respuesta del Departamento de Estado negó que se estuvieran usando los fondos de EEUU para movilizar protestas, señalando que “la posible penetración de la contrainteligencia es un riesgo conocido”, y dijo que los programas eran efectivos, aunque admitió que existían dificultades.

“¿Dónde está lo polémico aquí? Estos programas son comparables con lo que nosotros y otros donantes hacemos para apoyar la democracia y los derechos humanos en sociedades represivas de todo el mundo”, dijo Mark Lopes, jefe de América Latina y el Caribe de USAID.

La respuesta no se ocupó de todas las preguntas, sin embargo, incluyendo una que solicitaba una lista detallada de los contratistas y subcontratistas involucrados en los programas, alegando que les preocupa que puedan caer en manos cubanas.

“Existe una preocupación legítima de que hacer pública la información sobre los individuos que están implementando estos proyectos pondría en peligro a los implicados”, dijo un alto funcionario del Senado que está al tanto de la “suspensión” impuesta por Kerry y pidió conservar el anonimato debido a la delicadeza del tema.

Lopes dijo que los programas sobre Cuba no son secretos, pero que se llevan a cabo “de un modo discreto para asegurar la mayor protección posible para todos los implicados”.

Kerry anunció su “suspensión” de los fondos para Cuba después de que el Departamento de Estado notificara al Congreso el 31 de marzo que la administración de Obama estaba lista para comenzar a gastar los $20 millones, ya aprobados por los legisladores en el 2008.

“No hay evidencia” de que esos programas ayuden al pueblo cubano, declaró Kerry, “ni de que hayan conseguido mucho más que provocar al gobierno cubano a arrestar a un contratista del gobierno de EEUU”.

El senador se refería a Allan P. Gross, especialista en desarrollo oriundo de Potomac, Maryland, arrestado en La Habana en el 2009 tras entregar teléfonos de satélite pagados por EEUU a grupos judíos de la isla. Gross fue sentenciado a 15 años de cárcel.

La notificación del Departamento de Estado al Congreso incluyó 17 áreas de programas por un total de $15.7 millones para “programas para la sociedad civil y medios de comunicación”, $2.7 millones para “iniciativas a favor de los derechos humanos” y $1.6 millones para administración.

Los partidarios de los programas afirman que estos fueron bajados de tono después del arresto de Gross. En lugar de teléfonos de satélite, por ejemplo, el objetivo es ahora facilitar a los cubanos comunicarse con el extranjero por medio de mensajes de texto.

La respuesta a Kerry alegó que los programas por la democracia “han sido esenciales en llamar la atención internacional hacia los activistas por una sociedad civil”, y que enseñaron técnicas de negociación a jóvenes que luego consiguieron la aprobación oficial para un festival de música rap que atrajo a 14,000 personas. No dio más detalles.

Se cancelaron programas que ofrecían becas en EEUU a estudiantes cubanos – La Habana no los deja salir –, estudiaban temas del derecho a la propiedad y promovían conferencias de solidaridad con los disidentes en todo el mundo.

Las propuestas para los nuevos $20 millones incluyen programas para ayudar a los gays y a los discapacitados, según la respuesta, para gastar una mayor parte de los fondos dentro de Cuba e idear mejores maneras de medir el impacto de los programas.

El Nuevo Herald obtuvo una copia de la respuesta luego de que fuera enviada por correo electrónico a un gran número de personas, lo cual prácticamente aseguraba, según críticos de los programas, que filtraría a los medios de prensa.

La “suspensión” por parte de Kerry a los fondos para Cuba – cualquier senador puede por sí mismo bloquear fondos de este tipo durante un período de tiempo – repite los hechos de la primavera pasada, cuando bloqueó una asignación anterior de $20 millones para Cuba hasta que fue reducida a $15 millones y el Departamento de Estado acordó bajar el tono de los programas.

Lo mismo que el año pasado, la “suspensión” fue atacada por Menéndez, quien se quejó de que culpar a los programas de EEUU por la encarcelación de Gross “es en esencia una ratificación de las tácticas de mano dura (de La Habana)”. Lopes formó parte del personal de Menéndez el año pasado durante la “suspensión” de Kerry.

Los partidarios de los programas afirman que el Departamento de Estado y USAID ofrecieron presentar informes a la comisión de Kerry sobre los programas de Cuba, pero que su oferta fue rechazada.

El principal especialista sobre América Latina en el personal designado por los demócratas de la comisión es Fulton Armstrong, un importante analista retirado de la CIA que está a favor de mejorar las relaciones de EEUU con La Habana

“Nuestro personal no cree que los supuestos informes se proponían darnos las respuestas abarcadoras que hemos estado buscando, en nuestro esfuerzo por asegurar que estos programas constituyan un gasto efectivo y eficiente del dinero de los contribuyentes”, dijo Jones.

Los informes se hicieron públicos en las oficinas del senador de Indiana Richard Lugar, el principal republicano de la comisión.