Desde hace un tiempo es notorio un marcado interés de los defensores del sistema de propiedad intelectual por mostrar las supuestas ventajas del mismo mediante análisis que se presentan como realizados desde la objetividad y la imparcialidad, pero que adolecen de datos e informaciones de gran valor para evaluar la situación real.

Sabíamos de la existencia de la llamada Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual, que nada tiene que ver con los esfuerzos articulados de muchos países, sino de los intereses de grandes transnacionales que extienden sus dominios sobre el mercado internacional y se unen en la defensa de sus intereses corporativos.

Similar reflexión pudiéramos hacer acerca de la celebración de la denominada Cumbre de los Derechos de autor, realizada en Bruselas en mayo de 2007 por la Confederación Internacional de Sociedades de autores y compositores CISAC, bajo el título de Los creadores primero. De un total de 72 oradores participantes solo tres eran de países del Sur y ninguno de los temas tratados se apartó de las redes de Internet y los posibles dividendos a obtener por el uso de los contenidos. Los temas relacionados con el analfabetismo y la consiguiente falta de lectores; los problemas de acceso a la energía eléctrica y a la telefonía, y las consecuentes dificultades para el uso de las nuevas tecnologías; los bajos presupuestos para educación y cultura y, por tanto, la menor capacidad para apreciar y desarrollar el arte y la literatura entre los ciudadanos; la mercantilización de la educación, del conocimiento y de las expresiones culturales no fueron tratados en la Cumbre de Derechos de autor, pues a su modo de ver, esto nada tiene que ver con  la creatividad en el planeta.[1]

Hace poco tiempo, apenas un año, se daba a conocer en los medios el establecimiento  de un “Observatorio del Derechos de Autor para Iberoamérica” creado por iniciativa de la Sociedad General de Autores y Editores de España, SGAE, y el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, como “un espacio abierto para monitorear todo lo que sucede en materia de derecho de autor y derechos conexos en Iberoamérica”.

Es encomiable el intento, pero cabe la pregunta: ¿Qué informaciones aporta este Observatorio para que reflexionen objetivamente los latinoamericanos?

El Observatorio aporta noticias acerca del avance de las iniciativas en contra de la piratería mostrando la capacitación a las autoridades judiciales y aduanales de la región, muestra como ejemplo las políticas adoptadas por países como Colombia, México y Perú, que llevan adelante fuertes campañas antipiratería, promueve la creación de alianzas nacionales, aplaude la decisión de algunos países de “facilitar un fluido comercio de bienes y servicios” a través de la suscripción de Acuerdos de Libre Comercio con los EE.UU. (Chile, los países centroamericanos, República Dominicana, Perú y Colombia), y pone a disposición de los interesados, entre otras informaciones, el Reporte Especial 301 del Secretario de Comercio de los Estados Unidos , en este caso el del año 2008 , donde, analiza y cuestiona, como hace cada año, la política de los diferentes países respecto a la propiedad intelectual, clasificándolos según protejan o no esta materia, de la manera conveniente para los intereses norteamericanos.

En la sección de noticias podemos encontrar la exitosa marcha de la compensación por copia privada en España y su impulso en Argentina, las reglamentaciones acerca de la reprografía, los acuerdos a los que arriban gigantes como Google, la Metro Goldwyn Mayer, y otros “ejemplos” a seguir del ámbito latinoamericano o europeo.

Acostumbrados como estamos a la información parcializada y manipulada que nos llega a través de los medios hegemónicos no nos llamaría la atención la ausencia de mucha e importante información sobre los temas que debiera abordar un Observatorio de este tipo si no es porque los propósitos declarados del mismo van mucho más allá de “observar” la realidad y proclama convertirse en “ un Proyecto Iberoamericano, avalado como tal por los países que conforman las Secretaría General Iberoamericana con el objetivo central de apoyar los procesos de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas de los gobiernos de la región”. Para cumplir tal objetivo la información que debe brindar sobre la materia debe ser fiel, responsable y completa. Creo que deberíamos citar algunas importantes ausencias:

No se hace referencia en la página web del Observatorio de la existencia de muchas y variadas críticas realizadas al sistema de propiedad intelectual vigente y de las numerosas iniciativas que han nacido o son impulsados desde los países de la región para revertir las consecuencias que su aplicación ha producido.

Por ejemplo, no explica cómo el fortalecimiento legislativo y los intentos de algunos gobiernos neoliberales de cumplir con las exigencias de Washington han afectado los derechos de acceso de los ciudadanos encareciendo la educación, como la copia de música o de obras audiovisuales que se ha criminalizado es, en muchos casos, el único modo de acceso a estos productos para muchos ciudadanos (dado los altos precios que imponen los monopolios) y el modo de supervivencia para otros, en muchos casos inmigrantes,  sin trabajo; no revela el aumento de la brecha digital; ni el robo o fuga de cerebros, con cifras verdaderamente alarmantes en nuestro continente, ni el número de analfabetos (cifra que en el mundo aun supera a los conectados a Internet); ni hace referencia a los reclamos hechos sobre la equidad en el  acceso a la información, o a la lamentable situación de la rica cultura del continente ahogada por la invasión de productos norteamericanos. Incluso no refiere la situación de la producción audiovisual española, también en crisis por esta causa. Intentando reflejar el escenario iberoamericano en cuanto a los derechos llamados intelectuales no es perdonable que no se hable de la apropiación y el saqueo  de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales originarias en base a las mismas leyes que dicen defender la creatividad. Tampoco de la desaparición de las lenguas y culturas autóctonas que evidencian el peligro en que se encuentra la diversidad cultural del planeta.

Tampoco el Observatorio da cuenta del avance del software libre, alternativa surgida frente al monopolio de derechos que crea el sistema responsable de los 58 mil millones de la fortuna personal de Bill Gates y de la dependencia de millones de usuarios (que podrían ser llevado a los tribunales de no poder demostrar que han pagado a las corporaciones por el uso de los programas). El software libre, surgido desde la década de los 80 en los EE.UU., cuenta con fortísimas comunidades en todos los países de América Latina, donde se desarrollan un sinnúmero de iniciativas como el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre que se realiza anualmente ya en 18 naciones del continente. Es de destacar también el desarrollo por parte de estas comunidades de programas libres adaptados a los idiomas y las necesidades de los diferentes pueblos y comunidades y hasta incluso la existencia de la Fundación Software Libre de América Latina que defiende los principios de trabajo de estas comunidades. Tampoco refiere la existencia del copyleft y las licencias Creative Commons, que aún sin cuestionar el sistema en sus esencias, se opone al abuso de los titulares de derechos y promueven la creación y circulación de contenidos libres, ya sea música, obras literarias, audiovisuales u otras. Las licencias Creative Commons han sido adaptadas a las legislaciones de diferentes países, entre ellos España, Brasil, Argentina, Chile, Guatemala,  México, Perú, Colombia y Ecuador. Tampoco detalla la iniciativa de Acceso Abierto a la Información científica (Open Access) que cuenta con el apoyo de la comunidad científica latinoamericana y que promueve la creación de archivos de información científica abiertos para todos. Existen archivos de este tipo en países como Venezuela, Uruguay, México, Brasil, Cuba y muchos otros.

El Observatorio da noticias acerca del avance del establecimiento del canon por copia privada y no da cuenta del intenso movimiento en contra que se está produciendo en España por considerarlo una burla a los derechos de los usuarios. Tampoco refiere las campañas en contra de la eliminación del préstamo gratuito en bibliotecas  que tiene lugar en ese mismo país.

Respecto a los Tratados de Libre Comercio, dista mucho de presentarse en el Observatorio como polémico el escenario en torno al tratamiento de la cultura dentro de estos, al igual que se ignoran los  cuestionamientos en contra de los excesivos parámetros de protección  que imponen los Acuerdos de los ADPIC y que poco se adaptan a las  necesidades de los países en desarrollo.

El movimiento en defensa de los bienes comunes también se ha desarrollado en nuestro continente y la apropiación privada del conocimiento ha sido cuestionada fuertemente, al igual que la privatización del agua, los recursos naturales y los conocimientos tradicionales.

Es, por tanto, el panorama, rico en contradicciones, las cuales son ignoradas por el Observatorio. Solo en la introducción al documento “Diagnóstico del Derecho de autor en América Latina” incluido en la página web del Observatorio y elaborado por ex especialistas y consultores de la OMPI es que se hace referencia y de forma crítica a lo que llaman “campañas liberalizadoras que debe enfrentar el desarrollo de esta disciplina” y a la existencia de una “misteriosa corriente” que comienza a recorrer nuestro continente y que “cobra cuerpo en gobiernos que se autoproclaman como más comprometidos con la causa social y que abogan por la democratización de la propiedad intelectual en aras de facilitar el acceso de los pueblos a la cultura”.

Cabría preguntarse, ¿se referirán al gobierno de Venezuela que por primera vez ha declarado al país territorio libre de Analfabetismo?, ¿o a Bolivia que también ha alcanzado esta deseada meta?, ¿o a las naciones que se han declarado defensoras de los derechos de los pueblos originarios a su cultura, sus conocimientos  y sus lenguas? 

Recordemos que  el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce  la  doble dimensión de los derechos de autor: el derecho de toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de las artes,  y  el derecho a  la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de sus creaciones.

¿No son importantes las campañas de alfabetización como pasos indispensables y destacables en el camino para lograr el verdadero fomento del libro y la lectura? ¿No será excesivo, sin embargo, el espacio otorgado por el Observatorio a los análisis sobre las industrias, modelos de negocio y los aspectos económicos del derecho de autor?

¿Será la "misteriosa corriente" la que ha llevado a Brasil, Argentina, Cuba, Venezuela  y otros países a suscribir la propuesta conocida como Amigos del Desarrollo cuestionando la posición parcializada de la OMPI a favor de las transnacionales, y del fortalecimiento a toda costa de los parámetros de protección que benefician a los países exportadores de productos basados en la propiedad intelectual y pone en desventaja y dependencia a los países menos desarrollados? 

¿Afectan estas posiciones críticas el fomento de la creatividad, la diversidad  y la cultura, valores que dice defender el derecho de autor?

Sin duda, nos damos cuenta de que hay diversos modos de “observar” la realidad, que nos pueden llevar a muy diferentes conclusiones.